Las entidades rurales que integran la Zona 8 de CARBAP dieron a conocer su preocupación respecto a los resultados que se están viendo con la vigencia de Ley Provincial N° 1194, que autoriza la caza con jauría.
Las entidades pampeanas señalaron que después de las reuniones mantenidas con referentes de los diferentes bloques de diputados provinciales todavía no hubo ninguna respuesta.
«Desde nuestra mirada la ley muestra criterios equivocados en cuanto a los beneficios que brinda a los cazadores con jauría y deja al productor en una total indefensión«, indicaron.
Y con una observación sobre el concepto de Una Salud, agregaron: «También nos preocupa cuántos de esos animales jabalíes son analizados para permitir el consumo de los mismos».
Las rurales pusieron en duda el monitoreo real de la actividad de caza, porque según trascendidos «se ha montado un gran negocio con las autorizaciones para caza en general, que no obedecen a permisos reales para operar en los campos de quienes los dan, a los que realmente no les interesa para nada lo que le pueda ocurrir a otro a consecuencia de ese permiso«.
Dentro de los permisos, refirieron que se debe considerar su veracidad, el tiempo de duración, las tecnologías de emisión y control de los mismos, la responsabilidad de quiénes utilizan los canes de esa manera, y otros aspectos que hacen a la cacería en las zonas rurales.
«Por todo lo expuesto, entendemos y desde nuestro análisis nos preocupa que esta temática no pueda tener un giro de 180 grados para actualizar y poner en valor a los diferentes actores involucrados«, afirmaron.
