Según el Informe Macroeconómico del Movimiento CREA la reforma fiscal que el gobierno impulsa, en un contexto de mucha presión tributaria en Argentina, tendrá “un cambio especialmente relevante para el sector agropecuario” por lo que propone con las contribuciones patronales.
En primera instancia, al igual que ya existe en el caso del impuesto a las ganancias, el proyecto plantea la creación de un mínimo no imponible de $12.000 mensuales, actualizables por inflación desde 2019, sobre el cual no se tributarán contribuciones. Sin embargo, paralelamente a ello, las actuales alícuotas de 17% y 21% se unificarán de manera gradual en una única de 19,5% y se eliminará, también de forma gradual, el régimen que convertía parte de las contribuciones en crédito fiscal para el IVA de acuerdo a la distancia a Buenos Aires.
La sumatoria de todos estos cambios da un resultado positivo para el sector agropecuario en la medida que la implementación del mínimo no imponible otorga un beneficio que excede a las pérdidas por la suba de la alícuota y la eliminación de las deducciones por distancia Buenos Aires.
Dado que los cambios se implementan gradualmente, habría un ahorro para el año próximo y seguiría hasta el 2022 con el proyecto totalmente implementado. Si bien se trata de un ejercicio teórico, y la rebaja real diferirá dependiendo de cuál sea el salario pagado en cada empresa, los cálculos muestran que debería observarse una baja relevante de las contribuciones patronales en los próximos años.
Más allá de la rebaja, una pregunta relevante es la estabilidad de la misma. En ese sentido, si bien en Argentina el peso de las cargas patronales ha tendido a disminuir a lo largo del tiempo, lo hizo de forma errática. En efecto, el total de las contribuciones patronales era de 33% del salario bruto en 1990, llegando a un mínimo de 20,51% en el 2000 y aumentando luego a 24,55% del salario en 2009.
El proyecto incorpora también múltiples cambios en el impuesto a las ganancias (IG). El más importante es que se reducirá la alícuota de ganancias, sobre utilidades no distribuidas, a 25% en 2021, comenzando la reducción a partir de 2019 (cinco puntos porcentuales por año). Con esta modificación, la alícuota pasaría a estar más a tono con el promedio de la región (27%), lo cual es relevante para empresas multinacionales que deberán decidir en qué lugar localizarse. Además, podrá tomarse el pago del impuesto al cheque en su totalidad (hasta ahora se puede tomar a cuenta de ganancias el 34% del impuesto a los créditos) a cuenta del IG.
En la misma línea de facilitar la inversión, se prevé devolver a las empresas el crédito fiscal generado por el IVA originado en compras de bienes de capital, si no se recupera al cabo de seis meses, con el fin de no generar un costo financiero a las empresas.
Es decir, los cambios en impuestos internos fueron quizás el aspecto del proyecto que más modificaciones sufrió dado su impacto en las economías regionales. Así, una mayor imposición sobre los consumidores compensará parcialmente el resto de las rebajas que significa el proyecto.
Otro cambio que operó en el sentido de aumentar la presión tributaria fue la implementación de un gravamen de 5% para los retornos reales provenientes de activos financieros en pesos y de 15% sobre el proveniente de los activos financieros en dólares. Las acciones que cotizan en bolsa, sin embargo, no están alcanzadas por el gravamen. El impuesto fue especialmente criticado por imponer un costo adicional sobre el sistema financiero argentino, que es chico en relación a la región. Con la posibilidad que los inversores “descarguen” el impuesto exigiendo una mayor tasa por los bonos del Gobierno. Por ambas razones, tamaño de la base a gravar y potencial “descarga” del impuesto, la recaudación sería más bien acotada y su inclusión en el proyecto se justificaría por razones de equidad.
En suma, en un contexto complicado para las cuentas fiscales, el proyecto de reforma impositiva busca, en la medida de lo posible, reducir distorsiones y bajar la carga sobre la producción. Los principales beneficios para el sector empresario son la baja de las contribuciones patronales y de ganancias sobre las utilidades no distribuidas, recortes que se compensan parcialmente con la suba de impuestos al consumo. El impacto de los impuestos internos en algunas economías regionales y el gravamen sobre la renta financiera estuvieron entre los puntos más discutidos del proyecto.
Fuente: CREA
