El presidente de FAA, Carlos Achetoni, y el secretario de Economías Regionales y Agricultura Familiar, Erik Muñoz, representaron a la entidad en el Foro Mundial Campesino 2019, realizado días atrás en Montevideo, Uruguay.
“El primer día se presentó un resumen de los estudios sobre políticas públicas específicas para la agricultura familiar, que fueron realizados en los siete países que integramos Coprofam, así como también se analizaron las condiciones actuales, fortalezas y debilidades de lo realizado por los gobiernos de cada país, tanto como las necesidades satisfechas y falencias que tienen las políticas para nuestro sector. Más tarde expusieron en el mismo sentido los representantes del Programa Diálogo Regional Rural (PDRR) de Centroamérica. Desde FAA agradecimos la acción del FIDA a través de los años en nuestros países y solicitamos que se pueda interactuar entre FIDA, gobiernos y organizaciones de productores, para hacer más eficiente la aplicación de los recursos destinados a financiar procesos productivos, estimulando el desarrollo de los agricultores familiares y los pueblos del interior de los países”; señaló Achetoni acerca de la primera jornada del evento.
En ese contexto se difundió el “Documento Mártir” elaborado y consensuado por las organizaciones, que en su primera parte enumera las principales necesidades (de las cuales se desprenden las líneas de políticas públicas requeridas por los agricultores familiares).
Ellas son:
• Acceso y titulación de las tierras de los agricultores familiares y acceso al agua, para mejorar sus posibilidades de desarrollo productivo a través de la disponibilidad adecuada de recursos naturales;
• Tecnologías, innovaciones y asistencia técnica apropiadas para el sector, que le posibiliten aumentar los rendimientos;
• Prestación de servicios (educación, salud, conectividad) que sirvan de incentivos a los jóvenes para permanecer en el campo y posibilitar un adecuado recambio generacional.
• Inserción a los mercados bajo diversas modalidades (circuitos cortos, mercados, tiendas especializadas, compras públicas, sello, alianzas productivas con privados) que le permitan remunerar adecuadamente su trabajo.
• Diversificación de los sistemas productivos, contemplando la agroecología como una alternativa que por una parte contribuye a la conservación de los RRNN y por otra les ayuda a bajar la exposición a los efectos del cambio climático.
• Seguros agrícolas de riesgo climático y de mercado que cubran riesgos por pérdida de producción y las caídas de ingresos que atentan contra su permanencia en el campo, que es ambiental y socialmente muy importante.
• Acceso a financiamiento mediante programa de créditos de corto y largo plazo que le permitan acceder a recursos de bancos públicos y/o privados, articulados con subvenciones debidamente focalizado a los estratos de menores recursos.
• Fondos de Emergencia para responder a las catástrofes climáticas y/o de mercado.
• Instrumentos específicos para la mujer rural que atiendan a sus diversas necesidades; salud, combate a la violencia de género, acceso a los recursos productivos, créditos, subvenciones, apoyos a la comercialización, que les permite generar ingresos y fortalecer su autonomía.
• Instrumentos específicos para aprovechar el potencial innovador y laboral de la juventud rural en la producción, el empleo y el comercio, permitiendo que permanezcan en el medio rural y limitando el éxodo.
• Apoyo a las organizaciones de AF para que logren establecer mecanismos de diálogo y alianzas con agentes públicos y privados, que le permitan mejorar su incidencia en el diseño de instrumentos de política y su acceso a las mismas y que le sirvan para mejorar su inserción en los mercados.
• Capacitación en asociativismo y cooperativismo de los AF para mejorar la gestión de sus negocios
Posteriormente el documento enumera los datos de contexto que
generan un nuevo escenario en la región y afectan negativamente el desarrollo
de las organizaciones y los agricultores familiares; también describe las
principales líneas de actuación de las agencias internacionales en ALC y concluye
planteando las principales demandas de las organizaciones de la AFCI a esas
agencias, para que sus acciones tengan mejores resultados.
Esas demandas son:
• Promover la participación transparente y equitativa de las organizaciones
representativas de la agricultura familiar en el diseño e implementación de
programas y proyectos que impulsen los gobiernos con recursos de las agencias
internacionales. Eso implica definir mecanismos formales que las involucren en
todo el “ciclo de proyectos”.
• Promover mecanismos de diálogo y participación de las organizaciones de la
agricultura familiar en la formulación e implementación de políticas públicas
que definen los gobiernos, apoyados por las agencias internacionales, para que
tengan el pleno conocimiento de las acciones, objetivos y resultados
esperados.
• Mejorar la conexión entre la agenda de trabajo de espacios como el FC del
FIDA y el CSA de FAO, en donde participan junto a las organizaciones
representativas de la agricultura familiar, de manera que sus acuerdos sean
apropiados por las agencias internacionales al momento de acordar sus
respectivas operaciones en los países de ALC.
• Lograr una mayor articulación e interacción de los programas y proyecto de
las agencias internacionales con los mismos fines y público objetivo, con el
propósito de reducir duplicidades, maximizar resultados y eficientizar los
recursos financieros y humanos en cada país.
• Comprometer, de parte de las agencias internacionales, apoyos financieros en
forma directa a las cooperativas, asociaciones y organizaciones representativas
de los agricultores familiares, a los efectos de implementar acciones
necesarias para el desarrollo de capital humano, aplicación de tecnologías
adecuadas, prestación de servicios apropiados de asistencia técnica, producción
de alimentos sanos, agro industrialización local, acceso a mercados y
comercialización.
• Articular esfuerzos de las agencias internacionales para la conformación de
un espacio regional de cooperación entre organizaciones de la agricultura
familiar que están actuando a nivel del SICA y del MERCOSUR, para que estas
puedan analizar conjuntamente el escenario en el que se desarrollan, y consigan
trabajar complementariamente en el diseño de propuestas de programas y
políticas para promover el desarrollo sostenible de la agricultura familiar en
ALC, teniendo en cuenta su rol para lograr las metas de la agenda 2030.
Cabe recordar que el FMC se realiza cada dos años y es un ámbito de diálogo entre las organizaciones de productores rurales, el FIDA y los estados nacionales para debatir las principales líneas de acción en el marco del Decenio de la Agricultura Familiar y la Agenda 2030 de la ONU. El evento contó con la participación de más de cien representantes de organizaciones y movimientos representativos del medio rural del continente, representantes de gobiernos que cuentan con proyectos de desarrollo rural en acuerdo con el FIDA, responsables de la ejecución de dichos proyectos y profesionales de FIDA, FAO e IICA.
