Ricardo Re, presidente del Colegio de Ingenieros Agrónomos de La Pampa (CIALP), refirió que la institución viene trabajando firmemente junto con el Ministerio de la Producción y la UNLPam en la realización de diferentes propuestas para capacitar a los asesores de fitosanitarios, con el objetivo de cumplir con el nuevo protocolo que además de la formación del operador y el registro del equipo requiere que la máquina sea verificada en su circuito de pulverización.
Los profesionales deben estar capacitados para comprobar que los equipos estén en condiciones, refirió, y que se cumpla con las normas de cuidado medioambiental. Se trata de un requerimiento que antes no se realizaba, y hoy comienza a imponerse para que se pueda lograr mayor supervisión y trabajar según las normas IRAM vigentes. “La idea es dar cada vez más profesionalismo a este tema que tiene grandes implicancias en la población y el ambiente”, consideró.
Estas exigencias buscan dar garantías a los vecinos, y fomentar más eficiencia en las aplicaciones.
Por otra parte, el colegio también está participando con la CoProSaVe junto a varias entidades en la Ley de Agroquímicos de la provincia. Allí se analiza una nueva figura del “corresponsal fitosanitario”, para que siempre haya un ingeniero agrónomo en cada explotación agropecuaria que sea responsable en las aplicaciones potencialmente peligrosas.
En convenio con la Facultad de Agronomía de la UNLPam, señaló, se vienen haciendo además ensayos agrícolas. Se retomaron, después de mucho tiempo, los ensayos con maíz en Santa Rosa, y también para el norte se realizaron con maíz y girasol.
LEY DE SEMILLAS
Con la Federación Argentina de la Ingeniería Agronómica (FADIA) el colegio está participando del análisis de la Ley de Semillas. Un tema nacional que Re afirmó que es complejo, porque lleva años a la espera de una resolución pero los múltiples intereses en juego con las empresas que hacen genética y la falta de fiscalización estatal es “una tradición que cuesta cambiar”. Además, hay diferentes visiones desde el gobierno, las empresas, los productores y las entidades sobre el pago de las regalías, reconocimiento del valor de la genética y otros aspectos cruciales.
