Esta semana el rector de la UNLPam, Oscar Daniel Alpa expuso en comisión de la legislatura la postura institucional referida al tratamiento de la nueva Ley de Gestión Integral de Plaguicidas, girada por el Ejecutivo Provincial.
Junto al rector formaron parte de la comitiva universitaria la vicedecana de Agronomía y el vicedecano de Ciencias Exactas y Naturales, Lía Molas y Jaime Bernardos respectivamente; la secretaría de investigación, posgrado y extensión de Exactas y Naturales, Laura Wisner y los docentes investigadores de Agronomía Carlos Ferrero y José Sosa Mendiara
El rector Alpa destacó que la UNLPam “celebra y adhiere al tratamiento del proyecto de ley”.
Afirmó: “La opinión generalizada recibida de las Facultades al proyecto es favorable ya que esta discusión responde a la necesidad de dar respuesta a una inquietud de la sociedad ante problemas de salud que pueden ser atribuidos al incremento en el uso de plaguicidas y a aplicaciones realizadas desaprensivamente en cercanías de viviendas o en las propias viviendas”.
El rector indicó que se realizó consultas y pedidos de opinión a las seis Facultades y que a partir de ese análisis se realizaron los aportes de la Universidad apuntando a mejorar el proyecto presentado. Pero que dado la complejidad del tema, y el carácter integral de este proyecto, se considera que es necesario profundizar, con la opinión de los y las profesionales que acompañaron el documento o en futuros informes por escritos puntales de ciertos aspectos de importancia abordados en el documento.
Entre los aportes se consignó:
Se indicó que la terminología técnica y legal debería ser uniformada y referenciada en el documento para evitar disparidad en su interpretación.
Las aplicaciones de plaguicidas en el ámbito urbano requerirían de especificaciones y regulaciones especiales. En la misma línea, es necesario establecer el circuito de tratamiento de envases de productos domisanitarios (según ANMAT) y línea jardín de uso urbano, (según SENASA) ya que implican un volumen importante.
Focalizar sobre el incremento continuo de prácticas de prevención, y manejos pasivos del ambiente que disminuyan la incidencia de plagas sin el uso de sustancias químicas. Asimismo, sería importante considerar como requisito, la implementación de acciones de capacitación en establecimientos educativos de la provincia.
No se menciona entre los sujetos a los encargados de la verificación de los equipos ni su formación (debe tenerse en cuenta las incumbencias profesionales) y capacitación. La UNLPam se propone como institución encargada de llevar adelante las capacitaciones de asesores fitosanitarios, de operadores de equipos pulverizaciones terrestres en el ámbito rural y urbano, y verificadores de estos equipos. Como asimismo participar en campañas de concientización ambiental en los niveles primarios y secundarios.
Considerando que las plantas de acopio en algunas localidades se encuentran emplazadas en el área urbana y que se emplean productos de uso agrícola y urbano, sería importante que el proyecto contemplara regulaciones en este sentido.
Debe contemplarse la situación de las escuelas rurales y los cascos de los establecimientos, en especial las viviendas de encargados y peones si las hubiera como así también zonas estratégicas desde el punto de vista ambiental.
La Universidad y los organismos de investigación nacionales deben ser órganos de consulta a la hora de revisar el texto legal, y participar en la capacitación de operarios, verificadores, funcionarios encargados del control, etc.
Respecto de las distancias adoptadas donde se prohíbe la aplicación de plaguicidas, (500 metros para aplicaciones terrestres, y 3000 para aplicaciones aéreas), los estudios las fijan en función de determinadas circunstancias ambientales (viento, temperatura, etc.) que es muy difícil contemplar pormenorizadamente en un texto legal y por lo tanto es prudente adoptar un criterio general que fije una protección ante situaciones extremas o por lo menos de vientos intensos. Sobre este punto es necesario tener en cuenta que los límites urbanos cambian rápidamente en el caso de los conglomerados urbanos con cierto desarrollo, lo que exige que sea revisado periódicamente.
Será necesario reglamentar posteriormente la presentación de denuncias por infracciones, estableciendo dónde y cómo deben efectuarse y que elementos se pueden acompañar (croquis, fotos, videos).
Sería recomendable conformar un Observatorio que involucre instituciones oficiales y organizaciones no gubernamentales que podría aportar estadísticas confiables sobre el uso de agroquímicos y su impacto sobre la salud de la población en general y los trabajadores del sector.
