Más de dos décadas de regulaciones fragmentadas, fallos judiciales con criterios dispares y ordenanzas municipales que establecen restricciones diferentes según cada jurisdicción han convertido a la aplicación de fitosanitarios en uno de los principales focos de incertidumbre para la producción agropecuaria argentina. Desde Fundación Barbechando se refirieron a las últimas novedades del ELIA.
En ausencia de una legislación nacional que establezca criterios técnicos homogéneos, productores, aplicadores y gobiernos provinciales conviven con un escenario de escasa previsibilidad que condiciona las decisiones productivas, limita la incorporación de tecnología y multiplica los conflictos judiciales, indicaron desde la fundación.
Con el objetivo de aportar información técnica a este debate se realizó un encuentro que reunió a legisladores nacionales del Espacio Legislativo Interpartidario del Agro (ELIA), especialistas e instituciones de las cadenas agroindustriales para analizar el marco legal, situación judicial, impacto productivo y propuestas, poniendo en común distintas miradas sobre la necesidad de avanzar hacia una regulación nacional sustentada en evidencia científica, criterios técnicos y Buenas Prácticas Agropecuarias.
Desde la Red de Buenas Prácticas Agropecuarias (Red BPA) se presentaron los conceptos principales del proyecto de ley de Presupuestos mínimos donde se destaca la definición de zonas sensibles y de amortiguamiento, con distancias basadas en criterios técnico-científicos, la definición de responsabilidades a lo largo del proceso, capacitación continua y profesionalización de aplicadores, la fiscalización como eje central, con apoyo de nuevas tecnologías (caja negra, monitoreo remoto) y la figura del «veedor».
La legislación internacional, además, refiere que ningún país tiene distancias de exclusión tan amplias como en Argentina, donde la legislación es dispar a nivel nacional, provincial y municipal, con el agravante de la creciente judicialización de los casos.
También se simuló el impacto de las medidas cautelares en el área productiva que comprometería productos clave como la carne vacuna, leche, papa, maíz, trigo, etc. llegando a comprometer, en algunos casos, el cuarenta por ciento de la superficie productiva.
Como cierre se ponderó la importancia de avanzar en una ley nacional de presupuestos mínimos como herramienta para complementar el vació legal que genera que la justicia termine legislando.
De parte de los legisladores enfatizaron en la necesidad de dar una respuesta a la demanda social y generar información científica que demuestre el cuidado del ambiente y la salud con foco en la trazabilidad de los productos, la capacitación de los operadores y la implementación de Buenas Prácticas Agrícolas. «No es solo un problema del productor y la zona periurbana, es un problema social grave que abarca la salud, la seguridad alimentaria, la economía y sobre todo la comunicación.”
El encuentro formó parte de la agenda de trabajo que el Comité Ejecutivo Agrobioindustrial -CE ABI – impulsa para acercar al Congreso información técnica, fortalecer el diálogo entre el ámbito legislativo y los actores del sistema agroindustrial y contribuir a la construcción de políticas públicas basadas en evidencia, consenso y previsibilidad para uno de los sectores estratégicos de la economía argentina.
Entre los legisladores nacionales que participaron Martín Ardohain (PRO-La Pampa), Joaquin Benegas Lynch (LLA-Entre Ríos), Alicia Fregonese (PRO-Entre Ríos), Andrés Leone (LLA-CABA), Nicolas Mayoraz (LLA-Santa Fe), Javier Sanchez Wrba (PRO-Buenos Aires), Alejandra Torres (Prov. Unidas-Córdoba) y Santiago Santurio (LLA-Buenos Aires).
Además, asistieron los equipos de los legisladores nacionales Romina Almeida (LLA-Entre Rios), Karina Banfi (Adelante BA-Buenos Aires), Verónica Razzini (LLA-Santa Fe), Beltrán Benedit (LLA-Entre Ríos) y Emilia Orozco (LLA-Salta).
