El diputado Francisco Torroba solicitó al Gobernador mediante un proyecto para que dé instrucciones a la Fiscalía de Estado para el inicio, sin dilación, de las acciones legales contra la resolución 141/2013 del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y 82/2013 del SENASA que estableció la barrera sanitaria sobre el Río Colorado durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner impidiendo el paso de carne con hueso plano hacia Río Negro y Neuquén, afectando la cadena de producción cárnica.
En los fundamentos Torroba expresó que la Resolución 141 del 28 de febrero de 2013 del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, instruyó al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) el dictado de las normas reglamentarias en el marco de la Ley 24.305 y su Decreto Reglamentario 643 del 19 de junio de 1996 y su modificatorio, con el objeto de lograr el estatus sanitario “Libre de Fiebre Aftosa que no practica la Vacunación” de la zona actualmente denominada Patagonia Norte A, y su pertinente reconocimiento internacional.
En el marco de esta resolución, el SENASA mediante resolución 82/2013, estableció los puestos de control para impedir el ingreso de animales vivos y de carne con hueso plano a la Región Patagónica Norte A (Zona sin vacunación de Fiebre Aftosa), lo cual ha perjudicado la actividad de la cadena cárnica en nuestra provincia con la merma de la faena y del empleo de mano de obra en todo este sector.
No podemos olvidar que la discusión en torno a la barrera sanitaria instalada por SENASA al sur de La Pampa que impide ampliar el mercado de carnes con hueso plano de nuestra provincia hacia resto de las provincias patagónicas, ha sido un tema recurrente durante el período de gobierno anterior del ex Gobernador Carlos Alberto Verna, constituyendo una política de estado de dicha gestión realizar todas las gestiones extrajudiciales y judiciales posibles para su levantamiento.
En su discurso de apertura de la 90 Exposición Rural de Santa Rosa en el año 2016, como en tantos otros discursos públicos, el ex gobernador manifestó que la barrera impuesta por el SENASA no se trataba de una barrera sanitaria sino de una barrera comercial, política, aduanera y por lo tanto inconstitucional, manifestando que de no obtener respuesta favorable por parte de dicho organismo, recurriría a la Justicia para ello. La misma postura tuvo el Vicegobernador, Dr. Mariano Fernández, en la sesión inaugural del Parlamento Patagónico, celebrado en Chubut en el año 2016. Además de ello, se cuenta con el dictamen del constitucionalista Gil Domínguez, quien argumentó que “en la medida que la carne con hueso producida en la Provincia de La Pampa cuente con la debida autorización por parte de los órganos competentes del Estado federal, la imposición de una barrera fitosanitaria que impide su libre circulación y comercialización, configura una situación que conculca la prohibición de aduanas internas, la libre circulación de productos y la libertad de comercio interprovincial previstos por los artículos 9, 10, 11 y 75 inc) 13 de la Constitución Argentina”.
Todas las manifestaciones públicas del Ex Gobernador, del actual Gobernador y de diferentes funcionarios públicos en el sentido indicado, demuestran que la barrera sanitaria genera un importante perjuicio a los intereses pampeanos, pero aún no se ha accionado para revertir tal situación.
La Fiscalía de Estado de la provincia, conforme el art. 101 de la Constitución Provincial, es el organismo encargado de defender el patrimonio del Fisco, siendo parte legítima en los juicios contencioso-administrativos y en todos aquellos en que se controviertan intereses de la Provincia.
Entendemos que hoy, ante la permanencia de la medida de cierre de las exportaciones de carne dispuesto por el Gobierno Nacional (Decreto 75/2021 del 20 de mayo pasado), decisión respaldada por el Sr. Gobernador, todo el sector cárnico (productores, consignatarios, veterinarios, ingenieros agrónomos, vendedores de insumos, transportistas, frigoríficos, trabajadores de plantas frigoríficas, entre otros) necesitan más que nunca de la expansión del mercado dentro de los límites del territorio nacional.
Para ello resulta insoslayable que el Gobierno Provincial pase del dicho al hecho, tome un rol protagónico e inicie las acciones judiciales correspondientes para el levantamiento de la barrera sanitaria. A mayor abundamiento, estudios han definido que el hueso plano no transmite el virus de aftosa, con lo cual no se justifica la permanencia de la barrera sanitaria al sur de la provincia.
Por dicho motivo solicitamos al Sr. Gobernador instruya a la Fiscalía de Estado de la provincia, a que inicie las acciones judiciales correspondientes contra el Gobierno Nacional para dejar sin efecto la resolución 82/2013.Por los motivos expuestos solicitamos a los Sres. y Sras. Diputadas, tengan a bien acompañar con su voto afirmativo el presente proyecto.
