“El oficialismo sacó despacho, que es el paso previo al tratamiento en el recinto, pero nosotros lo rechazamos. En primer lugar porque hay una fuerte delegación legislativa”, dijo el diputado Francisco Torroba (UCR) al referirse al proyecto de la nueva Ley de Gestión Integral de Plaguicidas.
El diputado aseguró que el borrador delega de manera reiterada la capacidad de legislar a las autoridades de aplicación.
Además, la semana pasada a la ley se le agregó junto con los plaguicidas (con base en la definición de la FAO) el concepto de “otros productos” y no se dan mayores precisiones por lo que la interpretación puede ser diferente y debe decidir la autoridad de aplicación.
Torroba agregó que las distancias establecidas, las denominadas zonas de amortiguación, generan desacuerdos. Se dispuso que por tierra la aplicación debe mantenerse a 500 metros de zona poblada. Y con esa prohibición salen de productividad unas 40 mil ó 50 mil hectáreas. Después están los 2.500 metros para limitar las aplicaciones aéreas. Todo con la posibilidad de que los intendentes hagan una excepción y decidan. “Nosotros creemos que es imprescindible que haya una fiscalización pero no una discrecionalidad por parte de los intendentes porque esto es un proyecto productivo y no puede cambiar por la autorización un municipio”, afirmó. Se trata de que la ley sea clara y no quede sujeta a interpretaciones. Incluso teniendo en cuenta que los productos a aplicar tienen diferente toxicidad y eso debe observarse en las distancias, al igual que la tecnología a usar para aplicar y otras variables.
El diputado señaló que las multas son otro punto a observar porque van desde un mes de salario a 1000 meses, con base en el sueldo de un ministro teniendo así un mínimo de 150 mil pesos hasta llegar a millones. Esos montos, según dijo, no están especificados y se vuelve a recurrir a la “discrecionalidad de una autoridad de aplicación” y todo esto teniendo en cuenta los antecedentes, porque las leyes anteriores tenían un alto nivel de incumplimiento. Recordó que la falta de control ya se observó con la ley de envases, una normativa que ya trató tres veces en su carrera legislativa.
Torroba analizó que son temas complicados porque afectan la salud, el medioambiente y la sustentabilidad de una producción que genera alimentos.
El legislador manifestó que igual se mantiene la intención de llegar al consenso con la ley, y acercar posiciones con el justicialismo.