Acerca del reciente proyecto de reforma de la Ley de Contrato de Trabajo, que incluyó disposiciones sobre los empleos de la ruralidad; José Voytenco, secretario general de UATRE consideró que «las regulaciones no sólo alcanzan a los trabajadores y trabajadoras sino también a aspectos esenciales de su vida familiar, que por la naturaleza de las labores rurales los acompaña en la construcción de su plan de vida más que en otras formas de trabajo«.
En líneas generales, existe un consenso en los debates respecto de que la norma especial que regula las relaciones de trabajo en el sector —Ley 26.727— requiere una actualización, manifestó el secretario pero es «necesario dejar en claro algunos puntos desde la propia experiencia que los dirigentes de la UATRE conocemos de primera mano«.
«Más allá de que la ley que regula el trabajo rural es de las más recientes en la legislación laboral argentina (2011), es cierto que toda normativa requiere una actualización con el paso del tiempo para conservar su efectividad, lo que no implica una reforma de sus postulados esenciales, ya que los fundamentos de la regulación deben permanecer vigentes. En este marco, consideramos indispensable que antes de diseñar un nuevo esquema legal se reconozcan las particularidades de las tareas propias del campo, que difieren sustancialmente de las previstas en la Ley de Contrato de Trabajo y que sean tenidos en cuenta al legislar«, afirmó.
El secretario manifestó que se debe comprender que «en la ruralidad también persiste la marginalidad laboral; concretamente, dado que muchos establecimientos se ubican en parajes rústicos y solitarios, con escasa presencia estatal y sin conexión digital, la precariedad se vuelve proclive no solo a la informalidad sino también a formas más penosas y degradantes, vinculadas al trabajo infantil prohibido y a la trata de personas con fines de explotación laboral«.
En ese análisis Voytenco explicó que «toda liberalización de las modalidades de contratación que se plantean no deben facilitar la cifra negra que ya existe» apuntando a que las normas deberían promover el trabajo permanente agrario y lograr como política de Estado el arraigo de las familias rurales.
Por otra parte, señaló la consideración del trabajador y todo el grupo familiar en el período de prueba (no restringido a épocas de siembra, cosecha u otra estacionalidad) que debe contemplar las necesidades de afincamiento del grupo, la escolaridad de los niños y más.
«Otras aristas de la modernización que se plantea consisten en la supuesta eximición de responsabilidad de los terceros contratantes de trabajadores rurales en determinadas circunstancias, cuestión que se encuentra alejada de la realidad; aunque común en nuestro país, quienes trabajamos en el campo sabemos que es prácticamente nulo encontrar personal tercerizado cuya contratación o arrendamiento esté documentado y resulte oponible a terceros, ya que la casuística muestra una ausencia sistemática de registros formales de esas tercerías«, consideró.
Recordó que los empleados no pueden verse afectados por el «riesgo empresarial propiamente dicho» y que la paga debe cumplirse sin estar condicionada ya que ante casos como una cosecha extraordinaria tampoco se percibe mayor beneficio.
«Si bien, como toda norma la legislación que regula el trabajo rural requiere una actualización, debe siempre ponderarse que existe una vía más efectiva y rápida en la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA), la que incluso pareciese que se busca limitar en esta oportunidad legislativa. Allí, representantes con mayor cercanía al campo y el Estado Nacional debaten, proponen y dictan resoluciones obligatorias sobre categorías laborales, condiciones generales de trabajo, remuneraciones, alimentación y vivienda a cargo del empleador, así como higiene y seguridad, dinamizando el sector permanentemente«, afirmó.
