Diputados y especialistas destacaron la necesidad de avanzar en una norma nacional que armonice criterios entre las provincias, promueva las buenas prácticas agrícolas y compatibilice producción y cuidado ambiental, destacó Barbechando.
En una reunión informativa conjunta de las Comisiones de Agricultura y Ganadería y de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, presidida por los diputados Atilio Benedetti (UCR) y Carlos D’Alessandro (Coherencia), se debatió el proyecto de ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para la Aplicación de Productos Fitosanitarios.
El texto, impulsado por un grupo de legisladores junto a la Red de Buenas Prácticas Agropecuarias (RedBPA) y apoyado por mas de 31 legisladores de todos los bloques, busca establecer un marco nacional que unifique criterios para la aplicación responsable de fitosanitarios, resguardando la salud humana y el ambiente.
Durante la reunión, Benedetti explicó que la iniciativa apunta a responder a una necesidad postergada y que de cada diez hectáreas que se cultivan, nueve se cultivan con una tecnología que hace necesaria la aplicación de fitosanitarios. “Por ende, el 90% de las hectáreas que se cultivan en este país necesitan de esta regulación”, concluyó.
LOS PRINCIPALES EJES DEL PROYECTO
La propuesta establece presupuestos mínimos de protección ambiental para todo el país, basados en criterios científicos y de gestión de riesgo.
Entre los puntos más destacados se incluyen:
- La definición de zonas sensibles, de exclusión y de amortiguamiento, según el tipo de aplicación y la cercanía a poblaciones, escuelas, cuerpos de agua o áreas protegidas.
- La obligatoriedad de la receta fitosanitaria, emitida por un ingeniero agrónomo matriculado, que garantice trazabilidad y control técnico.
- La capacitación periódica de todos los actores involucrados —aplicadores, asesores y fiscalizadores— en buenas prácticas de aplicación.
- La verificación técnica y registro obligatorio de los equipos aplicadores, tanto terrestres como aéreos, para asegurar su correcto funcionamiento.
- La promoción de buenas prácticas de manejo integrado de plagas y la utilización de productos autorizados por SENASA.
- Un sistema de monitoreo ambiental y sanitario coordinado con las autoridades nacionales y provinciales para evaluar el impacto de las aplicaciones.
En representación de la RedBPA, Ramiro Costa señaló que el proyecto “demuestra que la construcción público-privada es posible”, mientras que Nieves Pascuzzi destacó que “tras casi once años de trabajo interinstitucional y reuniones con legisladores, se logró un texto mejorado con una mirada productivo-ambiental”.
Por su parte, Eugenia Magnasco (CREA) enfatizó la importancia de contar con una ley que brinde previsibilidad: “Hoy existen normativas municipales y provinciales muy dispares, muchas veces sin base científica. Una norma nacional permitiría compatibilizar las actividades productivas con la protección de la salud y el ambiente”.
Desde el ámbito provincial, Marcos Blanda, secretario de Agricultura y Recursos Naturales de Córdoba y presidente de la Comisión Federal Fitosanitaria, sostuvo que “es necesaria una ley nacional que fije objetivos y principios comunes” y aclaró que el objetivo no debe ser la uniformización sino la coordinación.
También participaron referentes del sector productivo. El presidente de CONINAGRO, Lucas Magnano, valoró el proyecto como “una herramienta clave para brindar previsibilidad a los productores”, mientras que el titular de la Bolsa de Cereales, Ricardo Marra, destacó que la ley “pone primero a la persona, luego al ambiente y, finalmente, a la producción”.
En tanto, el otro autor del proyecto, Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) subrayó que “este debate no puede partir de prejuicios, sino de evidencia científica”, y remarcó que “con esta ley aspiramos a construir una agricultura más moderna, competitiva y ambientalmente sostenible”.
El encuentro reflejó la importancia del trabajo articulado entre los sectores público y privado, y la voluntad de distintos bloques políticos de avanzar hacia una regulación equilibrada que garantice salud, ambiente y producción.
