“La cámara está preocupada por la situación actual. Tenemos varios socios que tienen máquinas pulverizadoras que nos llaman a diario consultando por la situación y toda la incertidumbre en su trabajo”, dijo Luis Leani, presidente de la CAPROMA.
La cámara está participando junto a entidades del agro de un intenso debate, y los pedidos de diálogo al gobierno provincial, acerca de la prohibición en la venta y transporte de agroquímicos dispuesta desde fines de enero por el incumplimiento de la Fundación Campo Limpio en la construcción de los CATs para envases y ahora se suma un nuevo tema con la Ley de Gestión Integral de Plaguicidas.
Leani señaló: “Nos afecta a todos esta decisión porque si al productor no le va bien al contratista no le va bien”.
En diálogo con RD señaló que no fueron incluidos en el acuerdo de Campo Limpio pero se ven afectados. Y la compra de fitosanitarios en otras provincias no es una opción práctica, además los productores ya tenían sus agronomías de confianza y pautaban sus pagos y canjes con cereal de una manera que les fuera accesible.
Leani dijo que los contratistas a raíz de esta situación van a estar atentos a la ley con la intención de poder opinar al respecto.
