«Es un reclamo histórico, porque son 105 años desde la última reforma penal sobre este tema en 1.921«, dijo el diputado nacional Martín Ardohain (PRO) a este portal. Contemplando que esa era una visión del código más urbanística que no considera al campo.
«Hoy entrar a un predio rural, invadirlo, ingresar cazando o rompiendo cualquier sistema de producción no es un delito, es una contravención por la que no actúa un juez penal (…) por eso escuchamos tanto que quienes lo hacen entran por una puerta y salen por la otra«, explicó haciendo referencia además a las limitaciones de la policía para actuar, las denuncias y la realidad de que no hay una detención.
La problemática afecta a los productores rurales y a las personas que tienen quintas o chacras fuera del área urbana y que no tienen «un amparo legal«.
«El espíritu de la ley es disponer la sanción, porque el proyecto incorpora dos artículos: El 150 bis sobre entrar a una propiedad privada, ya sea pasar la tranquera, saltar el alambre o el cerco, que va a tener una sanción de un mes a un año y es excarcelable. Pero es importante porque va a sentar un antecedente. El otro artículo es el 184 bis, con el que proponemos para las personas que hagan daño entre dos y ocho años de cárcel, porque hasta hoy romper un silobolsa, un equipo de riego, un panel solar o una bomba sumergible no es un delito. E incluye una multa valuada de tres a doce veces el monto de lo dañado«, comentó el legislador.
Consultado sobre la existencia de otras iniciativas legislativas sobre esta situación, Ardohain recordó que hay un proyecto de un diputado de Unión por la Patria que se charló en la comisión y se generó cierta confusión acerca del artículo 186 del Código Penal, sin embargo eso se refiere específicamente a bienes públicos. «Lo que nosotros hacemos es poner el artículo 184 bis que indica que cualquier persona que haga daño a un bien de producción, sea lana guardada, un lote incendiado o un caballo, ya tiene entre dos y ocho años. Si esa persona sigue haciendo daños en la zona y se considera que afecta al bien público caerá en las incumbencias del 186«, aclaró.
«Escuchamos a algunos diputados de La Pampa que no acompañaron el dictamen y están dudando de votar a favor el 21 de octubre. Se supone que son legisladores ligados al campo, y usar la excusa de que no apoyaron porque quieren penas más duras no sé si es un argumento que va a convencer a la gente de la producción de la zona. Porque esto no tiene que ver con la bandera política sino con cuidar al que vive en el interior ante un código penal que debe llegar hasta la tranquera de cualquier establecimiento, llevando justicia a las familias que viven en una quinta, una chacra o el campo«, agregó.
