En reunión de Comisión de Legislación Penal y Agricultura y Ganadería se avanzó en una reforma al Código Penal para penalizar el vandalismo rural y que el ingreso no autorizado en un campo sea un delito y ya no una contravención.
Con amplio aval (41 firmas a favor) el PRO consiguió el apoyo de La Libertad Avanza y sus aliados para avanzar en el proyecto que penaliza el ingreso a un establecimiento rural y el agravamiento de penas para el daño a los bienes agropecuarios, detalló la Fundación Barbechando.
Durante el debate en comisión, Martín Ardohaín (PRO-La Pampa), Presidente de la Comisión de Agricultura y autor del proyecto fue enfático en afirmar que es necesario salir de la “visión urbanística del Código Penal que tanto abandono y desprotección le generó al interior” y destacó que un gran paso para proteger a las familias que viven en el campo.
QUÉ DICE EL PROYECTO
- Intrusión rural: nuevo delito, con penas de 1 mes a 1 año de prisión, para quienes ingresen sin autorización a establecimientos rurales delimitados por alambrados, tranqueras, vallas o carteles.
El ingreso no autorizado, particularmente en horario nocturno o sin un fin específico, constituye un riesgo independientemente de si se verifica o no un delito posterior. Tipificar como delito esta conducta evita que quede relegada al terreno impreciso de las contravenciones locales.
- Daño agravado: establece penas de 2 a 8 años de prisión y multas de hasta 12 veces el daño causado por destruir o dañar cultivos, ganado, silobolsas, sistemas de riego, paneles solares, bombas, alambrados, tranqueras, silos y otra infraestructura productiva. Sin duda la afectación no debe evaluarse únicamente en función de cuánto sale reponerlos, sino de su función dentro de un sistema productivo interdependiente.
IMPACTO EN LA PRODUCCIÓN: UNA NECESIDAD REAL EN LA AGENDA POLÍTICA
El marco legal vigente protege el domicilio urbano bajo el principio de inviolabilidad. En el ámbito rural, en cambio, el límite equivalente (la tranquera, el alambrado, la señalización) no recibe el mismo tratamiento, aun cuando cumple una función análoga: delimitar un espacio privado destinado a la producción y a la vivienda. Esta desigualdad se agrava por las condiciones estructurales del entorno rural: grandes distancias, caminos en mal estado que dificultan el acceso, falta de cobertura telefónica y de internet, y lejanía de las fuerzas de seguridad, explicó Barbechando.
A esto se suma la diversidad territorial. Cada región tiene sus propias condiciones de infraestructura, conectividad, presencia del Estado y acceso a la seguridad. No es lo mismo producir en la pampa húmeda que en zonas de frontera agrícola; no es lo mismo un establecimiento cercano a un centro urbano que uno ubicado a varias horas del pueblo más próximo; no es lo mismo la realidad de Buenos Aires que la de Santiago del Estero, Corrientes, Salta o la Patagonia.
Desde Fundación Barbechando afirmaron «Queremos que el campo deje de ser tierra de nadie. No alcanza con reaccionar ante cada hecho: necesitamos un marco normativo de largo plazo que dé seguridad a quienes producen y a las comunidades rurales, acompañando el desarrollo productivo de nuestro país«.
PRÓXIMOS PASOS
Cumplida la instancia de debate en comisión el proyecto queda en condiciones de ser tratado en el recinto para lograr su media sanción. Ahora resta que se logre su media sanción antes de fin de año para que el agro tenga una herramienta real y concreta de resguardo.
