En nuestra provincia se generó un proyecto para la Ley 3288 de Gestión Integral de Plaguicidas y ante su posible reglamentación las entidades de productores, pampeanas y con representación en sus sedes nacionales, están alertando sobre el perjuicio de la normativa.
Desde el ruralismo se advirtió que es necesaria una nueva ley, porque ven que la propuesta actual en la que participan desde el Consejo Asesor no es viable.
Andrés González, productor del norte pampeano e integrante de la Asociación Sociedad Rural de General Pico, explicó que no se trata de una oposición infundada. «Estudiamos el borrador de la reglamentación y la verdad es que no se mejora nada. En realidad empeora la situación, cuando dice cómo va a funcionar en la práctica la ley. Nosotros estamos como en el 2017 cuando estuvimos en la COPROSAVE y se vio un proyecto sobre el cual no pudimos cambiar nada. Ahora se vuelve a dar un espacio, vamos y decimos que hay que modificar la ley o hacer directamente una nueva que tenga un marco normativo lógico que respete la salud, el ambiente y la producción. Porque sin uno de esos componentes es inviable una normativa que regule las aplicaciones«, dijo a este portal.
Ante esta situación desde Carbap, FAA, SRA y Coninagro se solicitó una audiencia con el gobernador y también se viene dialogando con los legisladores. Las entidades, señaló, participan del Consejo Consultor pero no es un organismo vinculante porque las sugerencias que se hagan pueden ser consideradas o no para modificar la ley.
González manifestó que los pasos actuales para poder aplicar en el campo un producto con banda toxicológica baja, incluso menor que la de los insecticidas de uso doméstico, implican ahora varios registros y cumplir con requisitos que dificultan su concreción. «No es que el campo no quiera hacer las cosas bien, pero si realizamos una actividad que es lícita y esta normativa tiene tantos trámites previos a la aplicación esto se vuelve impracticable. Se trata de productos aprobados a nivel nacional y mundial para la producción«, dijo el entrevistado.
El mensaje a la sociedad es que el campo no tiene problemas con el control de las buenas prácticas en las aplicaciones. El contacto de la población con productos químicos es un tema que requiere conocimiento, porque los componentes de los insecticidas caseros (como espirales o aerosoles) a veces son los mismos que se usan en el agro o incluso más potentes, pero se pueden comprar y usar con muchos menos cuidado y sin tener que realizar trámites y registros.
González agregó que el campo trata de comunicar cómo trabaja y la responsabilidad sobre la actividad agropecuaria pero a veces revertir los ataques y dar información veraz se vuelve complicado.
«Nos preocupa cómo esto va a afectar porque los primeros que queremos cuidar el ambiente, la salud y la producción, de la cual vivimos, somos nosotros«, manifestó.
