Los indicadores desglosados para las provincias de Buenos Aires, Córdoba y San Luis, midiendo la participación del Estado en la renta agrícola, muestran las principales variables económicas de la ecuación agrícola. Mientras el índice FADA nacional es de 66,2%, el de Buenos Aires es de 65,3%, Córdoba 65,3%, Santa Fe 67,4% San Luis 62,5% y La Pampa 65,2%.
En los casos de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y La Pampa, se consideran los cultivos de soja, maíz, trigo y girasol, utilizando sus participaciones en la superficie sembrada, para luego calcular los números de una hectárea promedio de cada provincia. Para el caso de San Luis, sólo se consideran soja y maíz, ya que explican el 95% del área. Para cada caso se utilizan los rindes promedio de los últimos 5 años, y los costos de producción de labores e insumos necesarios para esos rindes promedio en cada región. En cuanto a los fletes se estimaron para Buenos Aires 250 km., Córdoba 340 km., Santa Fe 120km., San Luis 580 km. y La Pampa 340 km. En cuanto a los impuestos nacionales, van en línea con el valor de la producción y con la rentabilidad en cada provincia, por lo que son más altos en términos absolutos en Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires, y más bajos en San Luis y La Pampa.
Conforme al informe de la FADA, aquí se consideran el Impuesto a las Ganancias, Créditos y Débitos e IVA. El caso del IVA merece una aclaración, en muchos los casos se generan saldos técnicos de IVA a favor, que no son de libre disponibilidad, por lo que constituyen un costo más. Cada 100 hectáreas de maíz, se genera, en el promedio nacional, un saldo técnico a favor de IVA de $43.000. Los impuestos provinciales presentan divergencias. En el caso de Buenos Aires, significan unos $482 por hectárea, la mayor parte inmobiliario y el resto ingresos brutos. Pero al mismo tiempo, los partidos cobran sus propias tasas, la mayoría son tasas viales con un 70% de lo recaudado destinado a los caminos rurales y el otro 30% al municipio. Estas tasas significan, en promedio, unos $95 por hectárea, con las más diversas formas de cálculo y los más diversos valores. Así, entre municipales y provinciales, una hectárea promedio en Buenos Aires debe tributar $577, representando un 3,2% del valor de la producción. En el caso de Córdoba, sólo se paga impuesto inmobiliario rural, la producción primaria está exenta de Ingresos Brutos y no existen las tasas municipales. Así, representa 1,6% del valor de la producción. Esta parte merece una aclaración, si en lugar de tomar el valor bruto de la producción, se toma el ingreso neto de gastos de transporte de los productores, los impuestos inmobiliarios rurales de Córdoba y Buenos Aires quedan en una situación más equilibrada. Esto es así por la diferencia en los costos de transporte entre una provincia y otra. Para graficarlo, calculado sobre una hectárea de maíz, el flete en Córdoba cuesta $496 más que en Buenos Aires, en el promedio provincial. En el caso de Santa Fe, al igual que Córdoba, no se pagan Ingresos Brutos, pero si existen las tasas municipales como en el caso de Buenos Aires. El valor promedio del impuesto inmobiliario rural es de $528, el más alto de las provincias aquí comparadas. Aunque como se dijo más arriba, con altas disparidades regionales, los campos del sur provincial pueden pagar decenas de veces lo que pagan algunos del norte. Esta disparidad es importante aun considerando la capacidad productiva y la diferencia en el precio de la tierra. En cuanto a las tasas municipales, se estimaron en un promedio de $134 por hectárea. En la mayoría de los casos estas tasas están expresadas en litros de gasoil. San Luis, tiene un impuesto inmobiliario rural sustancialmente más bajo que las otras provincias, sin embargo, tiene una especie de “derecho de exportación interno”. Cobra una tasa que incluye “guías de campaña” y “certificados de venta”. Los certificados se pagan tanto para la venta dentro de la provincia como la producción que se dirige fuera de la misma. Por otro lado, se paga la guía, para la producción que se transporta fuera de la provincia. Estas tasas se suman a un pago a cuenta de ingresos brutos, y se concentran en el llamado Do.Pro. (documento provincial). Por ejemplo, una tonelada de soja paga $7,08 en concepto de guía, más $10,63 de certificado, más $14,20 de pago a cuenta de IIBB, pagando un Do.Pro. por tonelada de $31,91. Al igual que San Luis, La Pampa también tiene una especie “derecho de exportación interno”. Se llaman “guías cerealeras” y se cobran por camión. Son distintas para cada Departamento, y tienen distintos valores si los granos se dirigen a un lugar dentro del Departamento, fuera del Departamento o fuera de la Provincia. El promedio por hectárea de estas guías es de $61,70.
Por su parte, el inmobiliario rural promedio es de $239 por hectárea. En cuanto a Ingresos Brutos, paga una alícuota de 0,5%, representando cerca de $85 por hectárea. Para resumir la sección de impuestos provinciales: 1. En todas las provincias analizadas se paga impuesto inmobiliario rural, con Santa Fe a la cabeza y San Luis el más bajo; 2. En Buenos Aires, La Pampa y San Luis se pagan Ingresos Brutos. 1% en los casos de Buenos Aires y San Luis, y 0,5% en La Pampa. En Córdoba y Santa Fe la actividad está exenta. 3. Buenos Aires y Santa Fe tienen tasas municipales, mientras que La Pampa tiene las guías cerealeras. Córdoba y San Luis no tienen imposiciones a nivel local. 4. San Luis y La Pampa tienen impuestos al estilo de aduanas internas. Costos Para profundizar en cada caso, se analizan los costos involucrados en una hectárea de maíz, para tomar como ejemplo. En el cálculo del índice se toma desde el valor FOB al resultado después de todos los impuestos. Por ello, se consideran los costos de exportación (fobbing), comercialización, transporte, seguros, administración y producción. Al analizar los costos resaltan dos puntos. El primero, los gastos de fobbing representan entre el 9% y el 12% de todos los costos involucrados en una hectárea de maíz. Resulta llamativo que estos gastos representen lo mismo que cuestan los fertilizantes, tanto en maíz como en soja. Aquí hay un tema de competitividad y costo argentino para trabajar. El segundo punto, son los fletes, donde se puede ver claramente cómo se va incrementando la participación a medida que uno se desplaza hacia el interior mediterráneo. En el caso del maíz, el flete representa el 26% de los costos en Buenos Aires, en Córdoba el 28%, en San Luis el 29% y en La Pampa el 28%. En Santa Fe, como el grueso de la producción se encuentra relativamente cerca de los puertos, representa el 19%. Si sumamos fletes, comercialización y fobbing, podríamos quedarnos con una categoría de logística y comercialización. Esta categoría representa el 40% de los costos para el caso de Buenos Aires, 41% para Córdoba, 35% para Santa Fe, 42% para San Luis y 41% para La Pampa. Aquí se ve uno de los principales ítems de la competitividad y del costo argentino.
Cargas administrativas
Un país más competitivo requiere de una carga tributaria y administrativa baja, simple y eficiente. Nuevas cargas tributarias y regímenes de información significan mayores costos y mayor dificultad para el sector productivo, que no sólo tiene que ocuparse de producir más y mejor, sino que tiene que ser un agente de los Estados Nacional y provinciales, cumpliendo funciones de agentes de información y retención en múltiples casos. Este tipo de requerimientos significan menos competitividad y mayores costos, que suman al “costo argentino”. Si se analiza cada requerimiento por separado, probablemente resulten marginales al negocio, pero la sumatoria de todos ellos hacen la diferencia. Sólo para tomar como ejemplo, recientemente el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba, incorporó aranceles indicativos para el Registro de Tierras Explotadas (Nación) y el Régimen de Información de Combustibles Líquidos (Provincia de Córdoba), dos casos recientemente incorporados a las obligaciones de los productores. El honorario sugerido para el primero es de $6.900, y para el caso del segundo es de $1.380, que al ser un requerimiento mensual, genera un costo extra anual de $16.560. Es decir, que entre ambos, se suma un costo anual de $23.460 por productor. Este ejemplo, es el caso perfecto de ineficiencias, donde se le genera una nueva carga a la producción, que no redunda en mejoras fiscales directas para el Estado, sólo se suma un nuevo costo innecesario en un país donde la competitividad y la presión impositiva son los principales obstáculos al crecimiento y la generación de empleo. Por esto, en la agenda nacional y provincial, no sólo tiene que estar la reducción de los impuestos, que como se ve en estos informes se llevan una parte importante de la renta, sino que también deben hacer un esfuerzo en la simplificación burocrática.
